El proyecto busca mayor control de las tarifas de los peajes (que tengan en cuenta factores socio económicos), hasta modificar distancia entre estos.

Una de las quejas más frecuentes de quienes transitan por las vías nacionales es la frecuencia con la que pagan peajes. A esto se le suman los precios que se deben pagar en cada punto, lo que convierte el rubo destinado al pago de estas tarifas, en muchos casos, en uno de los principales del presupuesto.

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De hecho, viajar por carretera, especialmente largas distancias, no necesariamente sea sinónimo de un menor costo, comparado con otros medios de transporte.

Es por esto que se radicó en la Cámara un proyecto de ley que pretende ponerle tatequieto al negocio de los peajes en el país.

Se buscaal reglamentar varios aspectos, como las tarifas o la distancia que debe existir entre cada caseta de cobro.

Cabe mencionar que es la tercera vez que el proyecto llega al Congreso. En las dos ocasiones anteriores no había tenido suerte.

En la legislatura antepasada se logró ponencia positiva, pero no pasó el primer debate solo por un voto, según contó su autor, Fabián Díaz Plata.

“Lo volvemos a radicar confiando en que, una vez establecido el parámetro de los 100 kilómetros, se logre avanzar. Lo que buscamos es que se reglamenten los peajes para que no haya atropellos. Aquí encontramos que hay peajes cuya distancia entre uno y otro es de 20 kilómetros. En otros países, existen peajes cada 200 kilómetros”, comenta el representante Díaz Plata.

Puntos a destacar:

el articulado contempla, por ejemplo, tarifas diferenciales que tengan en cuenta la condición socioeconómica y el nivel de ingresos de los pobladores de la zona.

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También, en su artículo tres, propone tarifas diferenciales para los vehículos que transporten productos agropecuarios producidos en el territorio nacional, ya sea una rebaja o la exención del cobro, con la sola presentación del manifiesto de carga en la caseta.

Otro de los puntos a destacar de la iniciativa es la prohibir el del aumento de las tarifas cuando los daños en la infraestructura vial sean generados “por causas naturales o antrópicas”. “En caso de presentarse un daño, el déficit generado por los daños será asumidos únicamente por los concesionarios sin propiciar algún perjuicio a los usuarios”, señala el artículo cuatro.