Marino Quintero, presiente de Asotrans (uno de los gremios del transporte intermunicipal del país), advierte que el fenómeno de transporte ilegal “está disparado por todo el país. En una economía como esta todo el mundo sale a ver qué se rebusca por las vías ilegales. La gente necesita viajar y los carros formales están guardados o trabajan poco bajo protocolos y despachos con bajos niveles de ocupación”.

es que, tras casi 4 meses de estar casi totalmente paralizado, el transporte intermunicipal tiene que luchar con contra la baja afluencia de pasajeros debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19. Mientras que los transportadores ilegales trabajan sin ningún tipo de restricción, protocolo de bioseguridad y cobrando tarifas muy elevadas.

El pasado 7 de julio el Ministerio de Transporte anunció tras extender nuevamente la medida de aislamiento preventivo hasta el 1 de agosto, que el transporte intermunicipal podría comenzar con planes pilotos para su reactivación en municipios no covid o de baja afectación, por solicitud de los alcaldes a el ministerio de salud, pero al día de hoy son pocas las empresas que han retomado sus actividades, fortaleciendo esta modalidad.

“Parece que los alcaldes y los secretarios de tránsito se hacen los de la vista gorda con el tema porque eso les soluciona un tema de movilidad”, aseguró el presidente de Asotrans.

Cabe aclarar que, aunque el Gobierno anunció recientemente una línea de ayuda para el sector transporte por cerca de $95.000 millones, las empresas de transporte señalan que estos recursos todavía no llegan a la totalidad de empresas debido a las múltiples trabas que el sistema financiero les pone a los empresarios.